Piensa que el estado peruano discrimina a sus ciudadan@s?
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Por Rosa Montalvo Reinoso
5 de julio, 2011.- “La que está con huaraca, la que está con huaraca, mata, mata, mátala a la chola de mierda” (1), gritan reiteradas veces un grupo de policías que intentan detener la toma del aeropuerto de Juliaca por un grupo de pobladores en su mayoría venidos de la provincia de Azángaro. Habían llegado a esa localidad para protestar por la contaminación de la cuenca del río Ramis, un problema que viene arrastrándose desde hace más de 10 años y que, pese a las continuas demandas de la población azangarina, no ha tenido respuesta. “Mata, a la chola, mata a la chola” sigue ordenando el que parecería ser el oficial de la DINOES.
Dice el diario La Primera que los policías habrían recibido la orden de matar si se intentaba ingresar al aeropuerto (2) lo cual de hecho hicieron, muriendo seis personas en este enfrentamiento. En otro video podemos escuchar claramente a otro policía ordenar “métele bala en la cabeza” (3), como corroborando lo afirmado por el diario.
Pero nos preguntamos: ¿Por qué en este caso se priorizaba matar a la chola? ¿Qué miedos ancestrales se les movilizaron a los policías? ¿Temerían acaso la furia de la mujer guerrera? Quizá vieron en la mujer indígena con huaraca en mano ? el arma letal según el ministro del Interior ? a su antecesora, Mamá Huaco, que con su experticia en el manejo de la boleadora les abriría el pecho para extirparles el bofe como cuentan los cronistas.
No creo que los policías tengan referencias sobre el rol que han tenido desde el inicio de los tiempos las mujeres indígenas, especialmente de Puno y Cusco, en las luchas por la liberación de sus pueblos, por mejorar las condiciones de vida, por vivir, sobrevivir, por tener derechos o también en la conquista. Lo que se expresa en esta intención de matar a la “chola” primero es el profundo racismo y sexismo que está impregnado en los servidores públicos y en las instituciones del Estado.
No podemos dejar de retraernos a los tiempos del conflicto armado interno en donde el apelativo despectivo de chola, india, ignorante o sucia estuvo presente en las torturas y violaciones sexuales a las mujeres.
Han pasado muchos años desde que terminó el conflicto armado interno y no ha desaparecido esta pulsión tanática que se activa frente a las mujeres que desafían el orden de género instaurado, rompen con el mandato social para ellas y no se quedan en su casa o usando su huaraca en el pastoreo de sus animales, sino en la protesta pública. Es que, como lo señala Gabriela Castellanos, el sexismo es aquel “complejo sistema de ideas, discursos y actitudes que hacen más fácil, ideológica y jurídicamente hablando, matar a una mujer que matar a un hombre, negarle sus derechos a ella que a él (cuando ella y él están en igualdad de condiciones de clase y de raza).” (4)
Doña Petronila Coa Huanta fue la única mujer dentro de los seis muertos en estos enfrentamientos. Cuando salió de su casa, seguramente no pensó que dejaría en la lucha por vivir su propia vida. Salió para volver a gritar con los miles de otros pobladores y pobladoras que su agua seguía contaminada, que sus animales morían, que ellas también estaban enfermando.
Y es que el río Grande (Río Carabaya), que nace en el distrito de Ananea, sigue su recorrido para convertirse en el Azángaro y al encontrarse con el Ayaviri forma el Ramis, que llega finalmente al Lago Titicaca, está contaminado por los relaves que vienen de las minas informales de arriba desde los campamentos de La Rinconada, Cerro Lunar y Ancoccala. Los sólidos en suspensión que llegan a la cuenca del Río Ramis generan la turbidez del agua, impidiendo que los rayos solares lleguen al fondo del río e imposibilitando el desarrollo de plancton y otras plantas acuáticas.
Ya en los ríos no hay sapos ni ranas que regulen la agricultura y anuncien la llegada de la lluvia, la mejor buena nueva para las y los agricultores, no, no tienen cómo vivir en esas aguas. La reducción de las posibilidades de vivir de lo que producen o de la crianza de los animales implicará que las familias campesinas tengan que buscar otras salidas, generalmente asociadas a la migración del hombre a las capitales de provincia o fuera de la región. Serán las mujeres las que deberán quedarse a cargo de la tierra y de los animales, lo que hace que ellas sientan con más intensidad los efectos de esta contaminación, frente a la posibilidad de que todo lo que conocen y que forma parte de su mundo sea desestructurado.
En sus testimonios, ellas hablan de múltiples enfermedades que están sufriendo los niños y niñas, y la palabra cáncer como un fantasma se yergue permanentemente en sus relatos, evidenciando el temor que tienen ante el impacto de la contaminación en sus vidas. Si tomamos en cuenta lo que señala Carmen Feijoo en relación a que en poblaciones populares pobres las dimensiones subjetivas de la pobreza, si bien no son la causa de la misma, “con frecuencia éstas actúan como factores que profundizan y empeoran las condiciones objetivas de vida”, (5) podremos imaginar la angustia que viven las mujeres indígenas campesinas de Azángaro.
La pobreza que se acrecienta con la contaminación se convierte en un círculo vicioso, pues algunas familias terminan viendo como salida irse arriba al cerro de donde baja la contaminación para sobrevivir. Allí llegan a otro círculo del infierno, especialmente para las mujeres. “Soy María y trabajo en el “pallaqueo” en la Mina de La Rinconada. Llegué aquí hace 10 años. Nos vinimos con mi esposo y mis tres hijos desde Azángaro porque no había mucha cosecha en nuestra chacra y mi esposo ganaba muy poco trabajando como triciclero. Teníamos muchas necesidades.” (6)
Pallaquear viene de pallay, que en quechua significa elegir, escoger, y es lo que hacen en las peores condiciones las mujeres acompañadas muchas veces de sus hijos e hijas pequeños y de algunos hombres que ya no pueden entrar a los socavones en el caso de La Rinconada. Las mujeres, que por el mito existente no pueden entrar a las minas, pues dicen que ahuyentan los minerales, recogen el desmonte del minado, lo lavan y lo muelen en batanes, usando grandes cantidades de mercurio, y ahí en el mercurio, en el frío implacable, en los derrumbes o en la molienda, van dejando la vida, como Felicia Ccama Quispe y Francisca Mamani Madani en marzo del 2007.
Sólo una pequeña nota en la prensa daba cuenta de estas muertes, pues esas son vidas y muertes que apenas cuentan en el país, ya que ellas, al igual que Petronila Coa Huanta, son las mujeres invisibles, que no merecen ser noticia. Estas tres mujeres encontradas en la pobreza y en la muerte, que no podrán ya hablar y que quizá nunca pudieron escribir para enviarnos un mensaje que ayude a conocer y entender lo que están viviendo, son un reflejo de lo que viven miles y miles de mujeres en Puno, cuyas historias, vivencias, cuyos dolores y luchas apenas conocemos.
En estos tiempos en que los sucesos de Puno se discuten tan asiduamente en la prensa en Lima y en que se intenta posicionar imágenes de los sectores de la población movilizados, aymaras y quechuas, como violentistas, bárbaros, promotores del retraso, ciudadanos y ciudadanas de menor jerarquía y prescindibles, por lo que es más fácil decidir apuntar el arma y disparar, vale detenernos y acercarnos a conocer estas realidades, lo que viven, temen y proponen, conocer la historia de un pueblo que desde hace más de un siglo envía a Lima mensajeros con sus memoriales para contar lo que les pasa y exigir la atención de las autoridades.
“Soy un desgraciado, soy el presidente del Perú y no puedo comprender a mis conciudadanos,” dijo Eduardo López Romaña cuando los mensajeros de Santa Rosa se presentaron ante él, hablándole en aymara allá por 1901. (7) Luego de un siglo, la incomprensión y la falta de respuesta a las demandas y múltiples problemáticas de Puno continúan, sólo que a diferencia de ese tiempo, el presidente actual ya no se lamenta de no comprenderlos. Al contrario, para él, son parte de los que considera despectivamente los perros del hortelano.
¿Cuántas muertes más de hombres y mujeres agricultores que ven cómo se deteriora su tierra y mueren sus animales, y de hombres y mujeres que van dejando su vida en el duro trabajo que realizan en la minería informal sin derechos, sin garantías de ningún tipo, tendremos que contar para que realmente se atiendan las problemáticas de Puno?
Finalmente cabe preguntarnos qué clase de formación se está dando a quienes son los encargados de protegernos, cuando tan fácilmente pueden ordenar “matar cholas”. ¿Podremos sentirnos seguras las mujeres al escuchar estas expresiones y ver que se aplican?
Notas:
(1) “Enfrentamiento en el aeropuerto de Juliaca”. http://www.youtube.com/watch?v=1PSs73X70aY&feature=player_embedded#at=95
(2) “Policía tenía órdenes de matar a manifestantes”, La Primera, 28 de junio del 2011. http://diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=89216#.TgnvE…
(3) “Masacre policial de DINOES en Juliaca nº 2”. http://www.youtube.com/watch?v=IkRgBFZpPcs&feature=related
(4) Gabriela Castellanos, “Aproximaciones a la articulación entre el sexismo y el racismo”, Nómadas No 6, Género: balance y discursos, abril de 1997, Medellín, Colombia.
(5) Citada en De la Paz López, María y Salles, Vania (coord.), Conceptos y caracterizaciones: antecedentes para la acción, INDESOL / COLMEX / UNIFEM, Mexico, 1998.
(6) Testimonios de mujeres pallaqueras de La Rinconada. http://larinconada.awardspace.com/testimonios.htm
(7) Citado en José Luis Renique, La Batalla por Puno, IEP / CEPES, 2004.
—- Fuente: Portal informativo de la Asociación SER: http://www.noticiasser.pe/30/06/2011/teleidoscopio/mata-mata-esa-chola
Por Luis F. Vilcatoma Salas*
4 de julio, 2011.- Los conflictos socioambientales desatados en la región de Puno, así como en otras regiones andino amazónicas del Perú, están expresando un transfondo sociocultural y político escasamente percibido desde cualquiera de las orillas culturales con que se los viene observando y analizando hasta la fecha: sea desde la orilla cultural criollo-mestiza o desde la orilla originaria indígena, porque el enfoque desde el cual se parte y en el cual se fundamentan las explicaciones es un enfoque, en su más honda realidad, monocultural.
La realidad peruana, en su trama sociocultural insondable, es una realidad de múltiples y significativas conexiones generadas, impulsadas y alimentadas por los ejes sustentatorios y distribucionales del sistema dominante capitalista y el poder económico y simbólico de la gran burguesía internacional y en el Perú. Los sucesivos procesos migratorios que acontecen a lo largo del siglo XX, en especial luego de los años 50, y hasta la fecha, que reconfiguran el rostro social y cultural del Perú, han profundizado y ampliado esta realidad simbiótica y han conducido a las ciencias sociales a construir conceptos que den cuenta de la misma, como los conceptos de “cholificación”, multiculturalidad, pluriculturalidad, sincretismo, hibridación y, más recientemente interculturalidad; lo que quiere decir que, entonces, estamos hablando de sociedades y culturas que, por factores internos e impuestos, se han venido modificando y enriqueciendo en un proceso contradictorio y conflictivo que nunca ha de concluir porque su característica más importante es, precisamente, la de construirse y definirse en el proceso de su actividad, de su praxis y de su transformación. Las culturas no expresan una esencialidad predefinida o ex ante, que no existe, sino un hacerse y rehacerse permanentemente en toda la gama experiencias de actores sociales, relaciones, conceptos y símbolos que las constituyen.
Desde esta perspectiva, en consecuencia, somos un país, en lo general, intercultural factual y asimétricamente, es decir constituido por relaciones culturales jerarquizadas de dominio-subordinación donde los que tienen más poder y expresan el poder económico y simbólico de las clases dominantes, tienen la voz más fuerte, cantante, audible y “convincente” que los que tienen menos poder, por la sencilla razón de que, al final de cuentas, el poder económico que garantiza el poder político en una sociedad, es el que determina en última instancia el sentido y la calidad de las relaciones interculturales entre los actores sociales diferentes.
Una mirada eminentemente culturalista, y peor “esencialista” y fundamentalista, no agota toda la trama conflictual de lo que hoy viene sucediendo en el país, desde el momento en que las culturas son la expresión de seres humanos que, al mismo tiempo, son la expresión de relaciones socioeconómicas históricamente construidas que es preciso conocer y analizar en toda su concreticidad.
En consecuencia, si el dominio-subordinación cultural de las poblaciones originarias andino-amazónica tiene su sustento en el domino-subordinación económico y, consiguientemente, político, la superación de este dominio en el marco de una interculturalidad normativa (de proyecto, de propuesta y de utopía) como todos quisiéramos, implica obligadamente un proceso de superación de las desigualdades e inequidades en el espacio duro de la economía y la política. Lo que nos conduce a pensar que la praxis de una interculturalidad normativa no es sólo, como los hechos lo vienen demostrando, de un diálogo románticamente puro y virginal, sino de un hacerse escuchar con fuerza y gritos, también, que conduzcan, en primer lugar, a la superación de las desigualdades económicas y, por lo menos, en las actuales circunstancias, a la morigeración de las condiciones de explotación, sobreexplotación y dominio de las poblaciones originarias andino amazónicas, mediante políticas económicas y sociales nacionales, regionales e institucionales pertinentes y sostenibles en el tiempo como en el espacio. Considerar que la superación de esta desigualdad sólo podría ser fruto de un manejo adecuado de lo cultural, además de ser una posición equivocadamente culturalista, es una posición inefectiva en la práctica política.
Uno de los problemas graves relacionados con los conflictos socioambientales que vivimos en Puno y gran parte del país, que más que denotar la crisis del modelo socioambiental de las clases dominantes, ponen en tela de juicio el propio modelo civilizatorio de dominación de estas clases sociales, es, por ende, la naturaleza de las relaciones interculturales fácticas (de hecho) configuradas a lo largo de nuestra historia republicana, signadas por el dominio de la cultura occidental y su pensamiento eurocéntrico, sobre las demás culturas originarias existentes en el Perú; en cuya dinámica la clase política en el poder, orgánicamente genuflexa ante el poder económico y su racionalidad mercantil, ha venido traduciendo simbólica y racionalmente el interés económico de los grupos dominantes, en la ideología hecha sentido común del “mendigo sentado en un banco de oro” y del “perro del hortelano”, que se complementan perfectamente, porque al ser el Perú un país rico en recursos naturales, aunque pobre en las condiciones de vida de la gente, sólo queda explotarlos económicamente (los recursos) para que, supuestamente, todos estemos bien; de manera tal que todo aquel que se oponga a dicha tarea (como los “primitivos” a los que se refiere Alan García en una penosa declaración periodística reciente) es un anacronismo social que “no come ni deja comer”, o que no explota ni se deja explotar.
¿Cómo la interculturalidad asimétrica se procesa en el pensamiento y el sentido común de esta ideología? En la racionalidad logocéntrica, pragmática, objetivista y de ética utilitarista que los gobernantes y los técnicos del capital y sus cajas de resonancia provincianas, desenvuelven culturalmente e introyectan en la mente de la “otredad” social y cultural, para vencer sus resistencias culturales y sociales y conquistarlas subjetivamente, a fin de abrir libre curso a los proyectos económicos y sociales del capital y toda la enorme rentabilidad económica que ello conlleva. Es lo que por muchos años han venido haciendo las clases dominantes elitarias en su afán de apoderarse materialmente del país, por ejemplo, a través de sus políticas económicas y sociales, las leyes y normas, los medios de comunicación y la educación en todos sus niveles, arrinconando, circunscribiendo y aprovechando, también, la cosmovisión, el pensamiento, los valores, las necesidades e intereses de las poblaciones culturalmente diferentes y económicamente sometidas.
En un proceso de lucha por una interculturalidad normativa, por el contrario, clases dominantes y el Estado elitario se ven impelidas al reconocimiento y respeto discursivo y práctico de la diversidad y la convivencia con ella; al intercambio de subjetividades; y a la elaboración de conclusiones que no siempre pueden ser las mismas.
— * Luis F. Vilcatoma Salas es docente Universitario en pre y postgrado de la Maestría y Doctorado de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno. Investigador social y analista en temas de cultura, educación y política, especializado en Planificación Educativa, Currículo, Ética y Política. Escribe para diferentes revistas y periódicos en calidad de colaborador, y es comentarista permanente en medios radiales y televisivos de la Región de Puno. —- Fuente: Publicado en el diario Los Andes: http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110703/52042.html
Por Alberto Chirif
Fuente: Servindi
5 de julio, 2011.- La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas contemplado en el Convenio 169 de la OIT, y como todos los derechos conquistados por los sectores históricamente más despreciados de cualquier sociedad tiene una larga historia, porque en el camino hubo que luchar para destruir prejuicios y construir nuevos conceptos de justicia que tuvieran en cuenta sujetos colectivos, y también para enfrentar la cerrada oposición de algunos gobiernos que consideraban inadmisible dar derechos especiales al sector social al que este convenio está dirigido.
Los problemas no terminaron con la aprobación del Convenio en 1989 ni, en el caso del Perú, con su ratificación el 2 de diciembre de 1993 (Resolución Legislativa Nº 26253) y su entrada en vigencia a principios de 1995. Como si nada hubiera pasado, apenas dos años más tarde de su aprobación (que fue justamente el año en que se promulgó la Constitución vigente que echaba por tierras las garantías que tenían las tierras comunales como inalienables e inembargables), el gobierno de entonces dio inicio a los más feroces y sistemáticos ataques contra los derechos de los pueblos indígenas que se hayan conocido durante la República.
La llamada “ley de tierras” (DL Nº 26505), violando el Convenio 169 y la propia Constitución, que reconoce a las comunidades la autonomía de su organización económica y administrativa, dispuso normas arbitrarias para destruir su cohesión social e impulsar el libre comercio de sus tierras. La medida tuvo rápidamente los efectos deseados por ese gobierno y los grupos de poder que amparaba, quienes lograron privatizar las tierras de las comunidades campesinas de la costa, en especial, las de Piura, fértiles y con infraestructura de riego.
El gobierno actual, al servicio de los mismos grupos y utilizando los mismos principios normativos, ha dirigido su puntería hacia las comunidades amazónicas, propiciando su desestructuración para impulsar actividades extractivas forestales y mineras y la agroindustria destinada, sobre todo, al impulso de cultivos para producción de bio-combustibles.
El desprecio con que se miran los tratados y convenios internacionales en el Perú se pone en evidencia a través de una amplia gama de expresiones. La primera y más generalizada es su desconocimiento. Una encuesta entre funcionarios públicos (y me refiero a ellos por el hecho concreto de que son los encargado de velar por su cumplimiento, lo que no implica que el sector privado sí los conozca y respete) daría como resultado, estoy seguro, que la inmensa mayoría no tiene idea sobre el contenido de estas normas y su importancia.
Pero no son sólo los empleados públicos de a pie quienes las ignoran. Hace algunos años un funcionario de alto nivel que a lo largo los últimos 20 años se ha desempeñado en el más alto cargo de ministerios diversos, frente a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaba al Estado peruano a cumplir con los compromisos que adquiridos en foros internacionales, señalaba que el Perú era un país independiente y que por eso no podía sujetarse a exigencias de extranjeros. ¿Cómo calificar una opinión así teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, los convenios y tratados internacionales “forman parte del derecho nacional” (Art. 55) y que las “normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce […] deben interpretarse” basándose en la “Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Disposición Final Cuarta).
Es difícil imaginar que un personaje así no conozca la Constitución ni los tratados internacionales, por lo que la explicación de su actitud hay que buscarla en su desprecio a los derechos de los pueblos indígenas.
Las “mesas de concertación” establecidas después de los trágicos sucesos de Bagua de junio de 2009 trabajaron diversos temas, la mayoría de ellos ya discutidos y acordados durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, pero incumplidos todos por el régimen que le sucedió. Uno de ellos fue la propuesta de ley de consulta, innecesaria en tanto los convenios internacionales no requieren de leyes ni reglamentos especiales para su ejecución. Se entendía, sin embargo, que esta norma podría aclarar el procedimiento de cómo realizar los procesos de consulta.
El Congreso aprobó la ley sobre esta materia en mayo de 2010. Un mes más tarde, el presidente de la República, Alan García Pérez, y el del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, la observaron. ¿Sus argumentos? Diferentes a los del ministro antes aludido, pero de características similares en las que se mezclan la ignorancia con el desprecio.
Alegan ellos que el Convenio 169 no da derecho a veto a los pueblos indígenas, y aunque en esto tengan razón callan en decir que la consulta no es una formalidad sino un ejercicio democrático que debe realizarse antes de la toma de decisiones políticas o de la aprobación de normas, y hacerse “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, y sobre todo, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, 2).
En otras palabras, lo que dice el Convenio es que si las consultas no concluyen en un acuerdo o en el consentimiento de los indígenas se considerará que el proceso no habrá cumplido su función ni logrado su objetivo, y aunque no lo dice, se deduce que, de ser éste el caso, habrá que reiniciarlo.
Afirman ambos presidentes, basándose en un supuesto interés de la Nación, que en la práctica es sólo un argumento que sirve para esconder privilegios de grupos específicos, que de acuerdo al Convenio 169 los pueblos indígenas no tienen prerrogativas sobre los demás ciudadanos del país.
Se trata de una apreciación por demás equivocada. Por supuesto que tienen derechos particulares (en el papel, claro, porque en la práctica ya sabemos que las cosas funcionan de manera contraria). De no tenerlos, los Estados no hubieran trabajado durante tantos años documentos como la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas ni elaborado, junto con las organizaciones de empresarios y de obreros de los países que hacen parte de la OIT, el Convenio 169, en el cual reconocen sus derechos especiales debidos a
“…la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.
Leyes especiales, como el Convenio 169 de la OIT, son expresión de un mecanismo de compensación histórica conocido como “discriminación positiva”, mediante el cual los Estados reconocen la calidad de originarios de los pueblos indígenas y asumen su responsabilidad frente a las atrocidades que han sufrido en el pasado.
No obstante, no es el caso ahora comentar todas las barbaridades que estas dos autoridades nacionales expresan en sus observaciones.
En los 16 años de vigencia del Convenio 169, el Estado peruano nunca ha aplicado el principio de la consulta previa que implica no sólo negociar con las organizaciones indígenas sino, además, cumplir lo acordado. En los únicos dos casos en que después de dialogar las partes llegaron a acuerdos, el Estado ha incumplido luego los compromisos que había asumido.
El primero de estos casos es el que llevó a la categorización de la zona reservada de Güeppí, ubicada en el curso alto de los ríos Putumayo y Napo, en las fronteras con Ecuador y Colombia, zona dentro de la cual habita población secoya, kichwa, huitoto y mestiza. Aunque el proceso de diálogo no estuvo exento de problemas (por ejemplo, cuando el antiguo INRENA –hoy MINAM- quiso aprovechar las listas firmadas por los asistentes a un taller como si fueran de aprobación de la propuesta que trataba de imponer), al final las negociaciones retomaron el buen camino y llegaron a un acuerdo concertado, consistente en la creación de un parque nacional y de dos reservas comunales.
El otro caso es el de la creación del parque nacional Inchikat Muja y una reserva comunal en la zona reservada Santiago-Comaina (Cordillera del Cóndor, provincia de Condorcanqui, en Amazonas), acordados a través de un proceso de diálogo entre el Estado y organizaciones de los pueblos awajun y wampis.
El Estado ha despreciado su propia palabra por razones similares en ambos casos. En Güeppí, para favorecer los intereses de la empresa brasileña PETROBRAS, a quien le ha entregado el lote 117 que se superpone con gran parte de la zona reservada. En Santiago Comaina, para privilegiar a una empresa minera con probadas vinculaciones con el actual gobierno. Aunque en las dos zonas favorece a empresas extranjeras y desecha los reclamos de población nacional, el argumento esgrimido por el Estado es que reconocer derechos a los pueblos indígenas en zonas fronterizas es peligroso para la seguridad nacional.
La consulta es un principio altamente democrático vigente, por ahora, sólo para los pueblos indígenas pero que una sociedad que aspira a la justicia debería generalizar para todos sus ciudadanos. En el Perú estamos aún muy lejos de esto, lo que no debe considerarse como un lamento de frustración y derrota sino como un aliciente para trabajar más en esa dirección.
En ese sentido apunta el libro Consulta previa: Derecho fundamental de los pueblos indígenas e instrumento de gestión estatal para fortalecimiento de la democracia, elaborado por la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. Para sus integrantes, nuestras felicitaciones y sincero reconocimiento.
El camino de la consolidación de derechos es siempre arduo, pero lo alumbra la poesía que encierra la búsqueda de la justicia.
Iquitos, abril 4, 2011
—- Fuente: CHIRIF Alberto (2011): La consulta previa, un derecho por construir publicado en el libro: Informe Consulta previa: Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia; pág. 15, Lima, editado por el Congreso de la República, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
En un comunicado de prensa la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), se pronunciaron sobre la sentencia a los policías y militares responsables del “Baguazo” del 2009.
“Sin poder seguir tapando el sol con un dedo, el fuero militar – policial sentenció a penas benignas a los responsables operativos del enfrentamiento entre el pueblo indígena y la policía nacional”, señalan.
“Los pueblos indígenas esperan pacientemente que se haga justicia; que se halle a los verdaderos responsables de la muerte de peruanos y que este gobierno – antes que termine su mandato- tenga la valentía de terminar su gestión limpiándose las manos manchadas de sangre”, agregaron.
Decisión contrasta con decisión del gobierno
Por otro lado se señala en el docmuento que para el presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango Chota, la “contrasta con la decisión del gobierno aprista de encubrir a sus ex ministros Yehude Simón, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz por los hechos de Bagua, pues ellos –además de ser los responsable políticos- no hay que olvidar que sus intransigencias y mentiras (en el caso de Aráoz) llevó a la muerte de 34 valerosos peruanos.”
Fuente: La Republica
La Tribunal Supremo Militar Policial dictó hoy sentencia contra los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército procesados por los hechos de sangre del 5 de junio de 2009 en la provincia de Bagua, en Amazonas, donde murieron 24 policías y nueve nativos durante las violentas protestas de las comunidades indígenas.
Así, el fuero castrense condenó al general de la Policía (r) Luis Muguruza Delgado, quien encabezó el operativo de la ‘curva del diablo’ que acabó en una masacre, a 36 meses de prisión, de los cuales 24 tienen carácter de suspendida, al hallarlo responsable de omisión de cumplimiento de deber en función operativa y al pago de S/. 10 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.
También se sentenció al general de la Policía (r) Javier Uribe por el mismo delito, imponiéndosele 24 meses de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por un año y al pago de S/.7 mil de reparación civil, mientras que el general del Ejército Raúl Silverio Silva Alván fue sentenciado a 12 meses de prisión suspendida y al pago de S/.4 mil.
Fuente: Peru21
El jefe del gabinete, Javier Velásquez anunció que esa es “una decisión política del gobierno, la radio puede volver al aire desde mañana (viernes) porque en el Perú hay libertad de expresión”. Fue luego de reunirse con representantes gremiales de la prensa y el dueño de la radio, Carlos Flores.
El comunicador dijo que la decisión pone fin a un acto arbitrario que los dejó sin voz y sin un medio de subsistencia, para él y su familia, que pudieron subsistir gracias a la solidaridad del pueblo de Bagua.
Velásquez entregó copia de una resolución ministerial que da término al cierre y le restituye la frecuencia. La reapertura de Radio La Voz fue posible gracias a las presiones de organismos nacionales e internacionales de la prensa, organismos de derechos humanos y otros. También intervinieron la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La decisión fue comunicada tras una reunión entre el primer ministro y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, con representantes del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas.
Velásquez aseguró que “la libertad de expresión es fundamental para el gobierno y que la radio puede funcionar inmediatamente. Los problemas administrativos detectados en Radio La Voz son detalles que no impedirán que funcione”.
Radio La Voz de Bagua obtuvo en junio el premio Guardian Journalism 2010 otorgado por la organización británica Index on Censorship. De este modo, el gobierno pone fin a un acto arbitrario.
Nota: Diario La Primera
AIDESEP, 19 de agosto de 2010. Después de leer el informe presentado por el Gral. PNP Luis Muguruza Delgado, responsable policial de los lamentables hechos de Bagua; el vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Bartolomé Clavero, cuestionó lo relatado por el oficial pues presenta la estrategia de la operación de Bagua proyectándose ataque por aire y por tierra con utilización de armamento potencialmente letal.
“Siento que la documentación reservada resulte prácticamente ilegible, pero lo que queda de manifiesto, lo dicho por el general es más que suficientemente revelador”, precisó.
Clavero sostuvo que la operación que se planteó contra los pueblos indígenas fue sin previsión absolutamente alguna de salvaguarda de derechos atañidos ni asistencia a personas afectadas y aclaró que la segunda mitad de la presentación se ocupa de un solo desaparecido, por ser militar. Todo el resto de consecuencias de la operación se ignora.
“El ejército no se entiende al servicio de la ciudadanía ni siquiera cuando actúa como policía. Y si la ciudadanía es nativa, no hay garantías constitucionales que valgan. Hay responsabilidades militares indudablemente, pero también políticas, pues la comandancia militar última corresponde constitucionalmente a la Presidencia de la República”, concluyó.
Fuente:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1596
Lima, 19/08/2010 (CNR) – Ante la proximidad del debate del dictamen de la Ley de Consulta a los Pueblos indígenas -cuyo texto fue observado por el Ejecutivo y al que la Comisión de Constitución del Congreso se allanó- en el pleno, las organizaciones indígenas más importantes del país como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), anunciaron la realización de una marcha nacional de rechazo a esta norma, para el día 12 de octubre de este año.
El representante de Conacami, Mario Palacios, expresó su rechazo al texto de allanamiento de la Ley de Consulta, redactado por la Comisión de Constitución, y pidió que el Congreso rectifique su “error” y retorne el texto nuevamente a esta comisión para que sea sometida a un debate más minucioso.
“El Congreso está a punto de cometer un error grave, un error insólito al legislar en contra de los convenios internacionales para aprobar la ley de consulta previa allanada. El Congreso tiene el deber histórico de corregir lo que el Ejecutivo ha planteado. El Ejecutivo quiere arrasar el estado de derecho. El Congreso tiene la misión de proteger el estado de derecho en el Perú”, manifestó.
El dirigente anunció que los pueblos indígenas del país se unirán en una gran marcha el 12 de octubre a nivel nacional para rechazar las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas. “Estamos llevando adelante un proceso de consulta para responder al gobierno por esta la ley de consulta. Vamos a reiniciar nuestras acciones de resistencia y de lucha con la marcha nacional de los pueblos que se realizará el 12 octubre. Por la dignidad de las comunidades y los pueblos. Por la soberanía nuestra. Esperamos el apoyo y la solidaridad de todos”, recalcó.
Por su parte, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, acusó al gobierno de pretender dividir a las comunidades indígenas al auspiciar organizaciones paralelas que no tienen representatividad como el caso de la “Coordinadora Awajun”, cuyos representantes marcharon insólitamente en la última parada militar del 29 de julio y “pidieron perdón” a la Policía Nacional por los hechos de Bagua del 5 de junio del 2009.
“Es una pena que el gobierno siga al interior de los pueblos indígenas, dividiéndolos para ponerlos en contra y favorecer a las grandes transnacionales. Tenemos entendido que al presidente de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), Zebelio Kayap, está siendo amenazado por este grupo de la Coordinadora supuestamente awajun”; manifestó.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
Una responsabilidad ética que sigue pendiente
El Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), ante las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la “Ley del derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, aprobada por el Congreso de la República el día 19 de mayo de 2010, expresa lo siguiente:
El consenso logrado en el Congreso de la República respecto a la referida ley generó la esperanza entre las comunidades indígenas y originarias, históricamente excluidas y marginadas por el Estado y la sociedad, para abrir el camino hacia las justas reivindicaciones de sus derechos como ciudadanos de nuestro país.
Sin embargo, hemos visto con preocupación y extrañeza la observación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, que revelan una vez más las enormes resistencias desde el Estado para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, en la que el respeto y reconocimiento a los derechos de las minorías se constituya en uno de sus pilares éticos fundamentales.
Consideramos asimismo que la observación de la ley por el Ejecutivo ignora las lecciones que la tragedia ocurrida en Bagua, el 5 de junio del año pasado, nos dejó. Nuestros hermanos y hermanas indígenas esperan del Gobierno central una sincera actitud de dialogo, basada en el respeto a sus derechos.
Por estas razones, invocamos a todas las autoridades del país a tomar decisiones que coadyuven a cerrar las heridas, que acorten o eliminen las brechas, y nos permitan construir una nación intercultural, sin discriminación ni exclusiones, donde se respete genuinamente la vida y derechos de todas las personas.
“Y el efecto de la justicia es paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre” (Isaías 32.17).
Lima, 30 de junio de 2010
Darío López Rodríguez
Presidente
